La polémica que no cesa sobre
la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) es un indicador más de lo
desafortunado que estuvo el Gobierno socialista a la hora de introducir esta
materia en el sistema educativo español, con unos contenidos concretos que
respondían a una hoja de ruta de marcado sesgo ideológico, al servicio de un
determinado programa de ingeniería social. Sembrada la división y la
confrontación en la sociedad, el actual Gobierno se encuentra en una tesitura
en la que resulta difícil pisar terreno que no esté embarrado.
El verdadero problema se hallaba
y se halla en los Decretos que desarrollan la Ley. Si los leemos con
detenimiento, observamos con asombro que el objetivo de dichas enseñanzas es
formar, con carácter obligatorio, la conciencia moral cívica de todos los
alumnos en todos los centros. El Estado no puede imponer ninguna moral a todos:
ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. En medio de
un debate donde a menudo escasean los argumentos de razón, conviene tener claro
qué es lo que de verdad está en juego y distinguir lo esencial de lo
accidental, para que en la nueva “Educación para la Ciudadanía” no se vuelvan a
repetir los errores cometidos.
Jesús Domingo Martínez
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