El CAC y las concesiones de licencia audiovisuales

Soy del parecer que en una sociedad democrática y, por tanto, libre los medios de comunicación los cierra el público cuando deja de escucharlos, y por tanto pienso que ningún organismo publico o privado tiene legitimación moral, ni ética, ni legal para silenciar la palabra de quien o quienes quieran transmitirla en las ondas de radio o cualquier otro medio de comunicación, los argumentos legales que se puedan esgrimir para justificar el cierre o silencio de cualquier medio de comunicación son una excusa jurídica, una falacia con la que se pretende enmascarar decisión arbitraria, abusiva e ilegítima porque se mire como se mire resulta contraria a la libertad de prensa y comunicación establecida en nuestra constitución, e igualmente ataca la libertad y el derecho de la personas a transmitir y escuchar libremente ideas y opiniones.

Para los excesos en la libertad de expresión existe en nuestro derecho medios y acciones para exigir las oportunas correcciones y responsabilidades.

Permitir que el CAC (catalán) o cualquier otro órgano político pueda impunemente cerrar una o varias emisoras de radio, es convertir a nuestros representantes políticos en nuestros amos y señores y a los ciudadanos en sus esclavos, primero les pagamos un sueldo que no se ganan (los parlamentarios no asisten a las sesiones) y luego nos dicen a quién y qué tenemos que escuchar, si la sociedad permite estos abusos volveremos a situaciones medievalistas, con la diferencia de que antes lo ejercían unos señores que supuestamente defendían al pueblo y ahora los ejercen otros señores llamados políticos que defienden sus intereses. La mayoría de los miembros del CAC viven o han vivido directamente de la política.


Jesús Martínez Madrid